HACIA UN NUEVO
SINDICALISMO





Por: Filiberto López Díaz.
(México-Querétaro)
julio del 1997.
 
 

En los últimos  tres años en México, Distrito Federal., la celebración  del 1 de mayo ha demostrado de manera  objetiva, el crecimiento  del llamado “sindicalismo  independiente”.
Se identifica con este nombre a toda corriente sindical que no se encuentra afiliada  al Congreso del Trabajo (CT) y quienes hoy, en plena época electoral, pretenden organizar una nueva central sindical.
Hablar del Sindicalismo Mexicano nos lleva forzosamente a ingresar un poco a los terrenos del sistema político nacional. La relación que se da entre sindicatos  y gobierno, sobrepasa  los limites del derecho laboral y se interna, por desgracia la mayoría de las veces, en los oscuros pasillos del poder.
Los afanes democráticos y de justicia social del los piases  en desarrollo son una característica  primordial de los pueblos libres y responsables  que nos obliga a retomar  la esencia del Derecho Mexicano del Trabajo,  consistente  en la protección  de los desamparados, en la estabilidad en las fuentes de trabajo  y en salarios dignos  y suficientes para los trabajadores.
Contra todo lo anterior, a partir de la década de los 80s, un fantasma recorre el mundo: El fin del trabajo, nombre del ultimo libro de Jeremy Rifkin, que  profundiza la tesis sustentada por el “futurólogo” Alvin Toffler, en sus libros “El Shock del futuro” y “La tercera Ola.”
En las obras antes citadas se pone de manifiesto, no se sabe a ciencia si es una advertencia o una amenaza por  parte de los autores, el sentido de que, visto  el gran avance tecnológico  de los piases industrializados, el trabajo  humano será desplazado por las computadoras. Por fortuna esta tesis tan fatalista  ha sido atemperada por la Organización  Internacional del Trabajo (OIT), en reciente
 publicación, cuando afirma:  “La verosimilitud de tales predicciones sensacionistas  es muy limitada, ya que se fundan en una doble generalización
carenente  de todo fundamento. Por un lado se pone de ejemplo a ciertas grandes compañías como si fueran representativas de toda la economía; por otro lado se sugiere que la única consecuencia del progreso técnico es su efecto directo de reducción de la mano de obra necesaria para las tareas  de producción. Ahora bien, la reorganización  de las grandes empresas  industriales basadas en una supervisión de puestos de trabajo no es la única realidad: hoy hay que tener también en cuenta  el caso de las empresas y de los demás sectores de la producción. Análogamente, en esos análisis no se toman en consideración los efectos  indirectos del progreso técnico, y tampoco los puestos  de trabajo que pueden engendrar  la aparición  de nuevos sectores  de actividad y de nuevos  productos. Con una visión estática  es muy fácil denunciar  los efectos de las innovaciones  que permiten prescindir  de mano de obra pero, si se adopta una perspectiva dinámica, procede tomar también  en consideración  todos los efectos indirectos  de la misma”. (1)

Así las cosas, y tomando en consideración la globalización  de los mercados, nuestros intercambios comerciales internacionales; la reconversión  industrial y la necesidad de una plena democracia e implementaciòn  de la justicia  social, es menester poner los ojos en una realidad: “despolitizar” al sindicalismo (Ver mi trabajo en la Revista Laboral Mexicana nùm. 56) aceptar a los nacientes movimientos sindicales, adecuando  la Ley Federal del Trabajo (LFT), no a intereses “partidistas”, sino a un reclamo generalizado para gozar en México de una real y efectiva libertad sindical.

Veamos por qué:

ANTECEDENTES  CONSTITUCIONALES DE LA LIBRE SINDICALIZACION

“Los trabajadores  mexicanos (artesanos, obreros  fabriles, proletarios  de la industria  a domicilio,  etcétera) vieron a la revolución  con escepticismo. Por lo menos de 1911 a 1915. El modernismo  fue para ellos un movimiento  de burgueses  que poco entendían la problemática general del proletario rural y urbano, problemática que no solo era la de libertad, sino de pan (salario).”(2)

Esta afirmación, plasmada en la colaboración  “Los trabajadores  fabriles: Del proletariado  a la Revolución”, de José María Calderón  Rodríguez, publicado en el libro citado, tiene sin duda alguna, cabal aplicación en la  actualidad. Pero tanto la “modernidad” de estos años (o posmodernidad, según el enfoque) y los deseos de libertad (de sindicalización) y justa remuneración salarial, es obvio que encuentran en la actualidad, plena vigencia.

En efecto, es discutible que nuestros trabajadores mexicanos tengan una idea clara de lo que significa  el Tratado de Libre Comercio, sus Acuerdos Paralelos Laborales, la balanza comercial o la globalizaciòn, (aunque a mi juicio, lo que también se ha globalizado, es la pobreza), y no porque ello implique una serie de conocimientos adquiridos  sólo en Universidades extranjeras, sino porque su principal interés radica en sustentar o encontrar trabajo  y obtener  el alimento  para la semana, sin olvidar los gastos de renta (ò hipoteca), educación y vestido, entre otros.
En México, con anterioridad a la Constitución de 1917, las cosas no pintaban tan bien para los trabajadores. Basta recordar las llamadas “huelga” de Cananea y Río Blanco (1906 y 1907), en la época del porfiriato. (Porfirio Díaz).

Para nuestro objetivo, cabe resaltar que el articulo 5º. de la Constitución de 1857, tímidamente esbosaba la libertad de trabajo, y su antecesora es decir, la Carta Magna del 4 de octubre de 1824, no contempló referencia alguna a derechos laborales.

En 1870 las incipientes relaciones obrero-patronales (servicio doméstico, servicio por jomal) se reglamentan  en el Código Civil;  cabe señalar que en Código Penal, en su articulo 1925, se señalaba:

“Se impondrán  de ocho días a tres meses de arresto y multa de veinticinco a quinientos pesos o una sola de estas dos penas, a los que formen un tumulto o motín, o empleen de cualquier otro modo la violencia física  o moral con el objeto de hacer que suban o bajen los salarios o jornales de los operarios, o de impedir  el libre ejercicio de la industria o del trabajo”.

Cualquier comentario esta por demás.

No fue sino hasta 1917, en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su articulo 123, fracción XVI, lo siguiente:

“Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formado sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.”

Ya bastante se ha hablado y mucho más escrito, de lo avanzado (para su época) del articulo 123, por ahora sólo resaltaremos que la fracción transcrita, no establecía requisito alguno para la formación o integración de los sindicatos, como lo hicieron las Leyes Federales del Trabajo de 1931 y 1970, así como la vigente en la actualidad.

A simple vista podría  pensarse que el texto constitucional no es el adecuado,  al no establecer requisito alguno para la formación de sindicatos, ya que cuando consideró necesario la reglamentación de alguna fracción o concepto del articulo 123, lo expresó así con toda claridad el legislador.
 
 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 Y 1970

Independiente de que algunos estados de la República Mexicana habían legislado sobre materia laboral, Jalisco, Veracruz, Estado de México, entre otros, el 18 de agosto de 1931 se promulga la primera LFT, misma que fue el resultado  de un intenso  proceso de elaboraciòn y fue precedida de algunos proyectos.

Respecto al tema sindical, esta ley estableció la libertad de sindicalización, en sus artículos 232 al 249.

De la lectura de los artículos puede apreciarse la grave contradicción en que incurre los marcados  con los números 234 y 242, además que, a nuestro juicio, la existencia jurídica de un sindicato se dejó a un acto administrativo de la autoridad, excediendo  y contraviniendo con ellos lo dispuesto  para la fracción XVI del articulo 123 constitucional.

La LFT de 1970 no modificó substancialmente las disposiciones de su predecesora  ni la ley de 1980, tampoco lo hizo

Aquí, nuevamente encontramos una contradicción entre los artículos  357, 367 y 368, además  de que, insistimos, la ley secundaria  rebasó en su reglamentación lo estipulado por el articulo 123, fracción XVI, mismo que aún no ha sido modificado.

EL SISTEMA POLITICO MEXICANO.
VENUSTIANO CARRANZA.
LA CONSTITUCIÓN DE 1917. EL PARTIDO
NACIONAL REVOLUCIONARIO. EL PARTIDO
DE LA REVOLUCION MEXICANA Y EL PRI.

En la actualidad el sistema político mexicano  se basa, principalmente, en dos instituciones: el presidencialismo y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). A través de este binomio, hasta hoy  indisoluble, los otros poderes, el Legislativo  y el Judicial, han mantenido cierta subordinación hacia el Ejecutivo.

En efecto, con las recientes modificaciones  a la Constitución, el  presidente de  la República propone al Senado a quienes se designarán  como Ministros de la Suprema  Corte de Justicia  de la Nación. Por otro lado, el poder Legislativo, compuesto por las  cámaras de Diputados y Senadores, mismos que tienen una mayoría  del PRI, no ha sido hasta ahora, un factor de equilibrio en el gobierno.

Sobre el particular, el  doctor Clemente Valdés S., en  su ponencia denominada: “La constitución como instrumento de dominio”, presentada en el V Congreso Nacional de Abogados, convocado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados  y celebrado en la ciudad de Guanajuato, del 18 al 21 de septiembre  de 1996, expresa: “En el primer gran libro de Keynes, The Economic Consequences of the Peace, publicado en 1919, eéte describe el estado de la sociedad europea, en el mundo que terminó en 1914, y su primera frase dice así: `Europa estaba organizada social y económicamente para asegurar la máxima acumulación  de capital ´ algún día, cuando nuestra época pase a ser historia, y se relate lo que sucedía en México en esos años, probablemente alguien dirá: México estaba organizado real y jurídicamente para asegurar la máxima impunidad a sus gobernantes  y el mayor control del Presidente sobre sus servidores, de acuerdo con la Constitución”.(3)

La Constitución actual, promulgada el 5 de febrero  de 1917 en el Teatro de la República, en Querétaro, por Venustiano Carranza, inició la era del presidencialismo, el maestro  Nèstor  de Buen Lozano (4) dice: “Nuestro sistema  político se funda formalmente en ese notable principio. Sin embargo, en lugar de buscar un esquema de autonomías y controles entre poderes, por razones históricas, se estructura sobre la base del predominio del Poder Ejecutivo  sobre los otros dos.

No es difícil encontrar el origen de ello. En su discurso inaugural, pronunciado el día 1 de diciembre  de 1917, Venustiano Carranza puso de manifiesto su intención de que la nueva Constitución rompiera el equilibrio entonces existente entre el Ejecutivo y el Legislativo para colocar  en situación de predominio al primero y evitar, particularmente, que el Legislativo pudiera juzgarlo. Es interesante reproducir esa parte medular del discurso del primer jefe:

La división de  las ramas del poder público obedece, según antes expresé, a la idea fundamental de poner limites precisos a la acción de los representantes de la nación, a fin de evitar que ejerzan, en perjuicio de ella, el poder que les confiere; por lo tanto, no sólo hay la necesidad imprescindible de señalar a cada departamento una esfera bien definida, sino que también la hay relacionarlos entre sí, de manera de que el uno se sobreponga al otro y no se susciten entre ellos conflictos o choques que podrían entorpecer la marcha de los negocios públicos y aun llegar hasta alterar el orden y la paz de la República.

El poder legislativo que, por naturaleza propia de sus funciones, tiende siempre a intervenir en las de los otros, estaba dotado en la Constitución  de 1857 de facultades que le permitían estorbar o hacer embarazosa y difícil la marcha del Poder Ejecutivo, bien sujetarlo a la voluntad caprichosa de una mayoría fácil de formar en las épocas de agitación en que regularmente predominan  las malas pasiones y los intereses bastardos.

Encaminadas a lograr ese fin, se proponen varias reformas, de las que la principal es quitar a la Cámara de Diputados  el poder de juzgar al Presidente de la República  y a los demás altos funcionarios de la federación, facultad que fue, sin duda, la que motivó que en las dictaduras pasadas se procurarse tener diputados  serviles a quienes manejaban como autómatas” (5).

En los meses anteriores a la constitución de Partido Nacional Revolucionario (PNR) existían varios grupos organizados, algunos de carácter nacional y otros de tipo regional, como el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Nacional Agrarista y el Partido Laborista entre otros, del cual formaba parte la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

En el mes de diciembre de 1928 se fundo el comité organizador del PNR.

El 1 de diciembre de ese año el general Plutarco Elias Calles, después de que entregó la presidencia del país, lanzó un manifiesto a la nación como miembro  de ese comité y en unión  de varios elementos destacados en las filas revolucionarias. En ese manifiesto se expresaba:

“En el mensaje presidencial del día 1 de septiembre último se planteó la necesidad de resolver nuestros problemas políticos y electorales, por nuevos métodos y nuevos procedimientos, ya que la irreparable pérdida del General Alvaro Obregòn nos dejaba frente a circunstancias bien difíciles, dado que con él la Nación perdía al caudillo capaz de resolver el problema de la sucesión presidencial, ante la opinión  pública, con el sólo prestigio de su personalidad.

 Esta sugestión,  hecha de toda buena fe, ha sido aceptada ampliamente, no sólo por la opinión revolucionaria, sino por la totalidad del país, tal vez por estar fundada en realidades positivas interpretadas con toda sinceridad” (6).

Cosa curiosa, pero en el estado donde nació la Constitución de 1917, es decir Querétaro, también nace en 1929 el PNR.

Dentro de la declaración de sus principios se estableció la “debida protección y fomento de las grandes industrias dentro de los principios  generales de este programa, sin que esa protección sea, en ningún caso y por ningún motivo, en detrimento de la clase trabajadora”.(7)

La declaración de constitución del PNR se hizo el día  4 de marzo de 1929, con lo que se consideró que la unión de elementos progresistas del país quedaba consumada. Durante esta época  el  movimiento obrero mexicano no formaba parte integrante  o, mejor dicho especifica de este partido.

“La campaña electoral de 1929 se distinguió porque en varios estados  las represiones fueron de gran fuerza. Los vasconcelistas, que fueron seguidos por un sector del campo, donde tenían influencias los cristeros, tuvieron su mayor contingente en la juventud, sobre toda la universitaria, de manera que hicieron una campaña de gran exaltación. Como frente  a ellos estaba el sector militar de mayor dureza, los atropellos fueron múltiples” (8).

En 1933, se efectúa nuevamente  en la ciudad de Querétaro  una convención  del PNR, cuya finalidad era designar candidato  presidencial y efectuar un programa de gobierno. La omnímoda voluntad del general Calles se inclinó por la gobernatura de don Lázaro Cárdenas, aunque muchos estiman que el general  Cedillo y su grupo tuvo influencia en esa decisión.

El 30 de noviembre de 1934 toma posesión del gobierno el general Lázaro  Cárdenas, y aunque el gabinete estaba integrado en buena parte  por personajes adictos al general Calles, su política se va separando poco a poco del Jefe Máximo. Para estas fechas, la CROM toma una fuerza inusitada bajo el liderazgo de Luis N. Morones aliado incondicional del gobierno.

El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) debe su formación al general Lázaro Cárdenas a través de un Manifiesto de diciembre de 1937, en cuya fundación jugaría  un papel determinante la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la cual llegó a formar parte del naciente organismo político.

Al fundarse el PRM, uno de los siete sabios de México, don Vicente Lombardo Toledano, era el más distinguido dirigente de los trabajadores y cuya influencia  en la CTM era absoluta; tan es así, que dentro de sus principios se recogió la idea de que el movimiento obrero formara parte del partido naciente, así como el sector campesino, el militar y el popular.

Para las elecciones de 1940 al 1946, y como una posición antagónica  a la candidatura  del general Avila Camacho, se tomó como medida la desaparición del  sector militar mediante su integración  al sector popular.

“En la CTM, la  disputa por el mando había favorecido a Fidel Velázquez y su seguidores  frente a la dirección  de Lombardo Toledano. El 1 de marzo de 1941 tomó la Secretaria General  de la CTM el exlechero y líder de la  CNDP, Fidel Velázquez. Esto permitió que el grupo de Velázquez tomara posiciones dentro del partido de la Revolución, lo que agradaba a Avila Camacho, quien contaba con el respaldo del Fidel Velázquez y sus seguidores. Ante el derrumbe de la organización comunista, la CTM consolidaba además su hegemonía al interior del movimiento organizado. En este contexto y con respaldo al programa de industrialización emprendido por Avila Camacho, en junio de 1942 la CTM auspicia la firma de un Pacto de Unidad Obrera, por el cual se promueve la conformación de un Consejo Nacional Obrero, adscrito a la Secretaría del Trabajo, que aglutina a casi la totalidad de las organizaciones sindicales entonces existentes con la finalidad de unificar sus posiciones” (9).

El 17 de enero de 1946 se inició la Asamblea Nacional del PRM, fundándose al día siguiente el Partido Revolucionario Institucional (PRI), organismo político que heredaba la tradición del Partido de la Revolución, adecuándose a una nueva realidad política (10)

Institucionalizado el Partido de la Revolución, se consumaba el proceso de conformación del apartado político mexicano y la centralización del mando nacional en el Ejecutivo Federal; ahora, no solamente se había restado poder a la dirección nacional del Partido, sino que al adjudicársele a ésta funciones hasta entonces en manos de los sectores, se disminuyó la fuerza y la capacidad de acción autónoma de las grandes organizaciones de masas que constituían la base y la fuerza real del Partido de la Revolución.

“La alteración de las relaciones de fuerzas al interior del movimiento obrero organizado en la CTM fue más lenta y compleja; se inició la aprehensión de los dirigentes petroleros, so pretexto de haber provocado un incendio en la Refinería de Azcapotzalco, continuó con la aplicación de la nueva disposición legal que penalizaba la `disolución social ´, acusación hecha contra muchos dirigentes con ideas izquierdistas, respondiendo a la política de “guerra fría”, inaugurada en 1948, con la ruptura entre los aliados de Occidente y los  socialistas  a raíz del golpe  de Estado en Checoslovaquia y la crisis de Berlín; el apoyo a Fernando Amilpa y Fidel Velázquez en la dirección de la CTM, y el consiguiente debilitamiento de Lombardo, que termina por abandonar la organización obrera  y fundar su propio  movimiento organizativo campesino, sindical y partidista; así, auspicia la formación de la Alianza de Obreros y Campesinos, con grupos disidentes del PRI; la confederación  Unica de Trabajadores, con organizaciones obreras; y el Partido Popular  (PP) como frente político. Más adelante, de la integración de sus dos organizaciones de trabajadores, nacería en  1949 la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM).(11). Ante la formación de estas organizaciones el gobierno de Alemán respondió frontalmente, llegando incluso a hechos violentos y al encarcelamiento de dirigentes de los grandes sindicatos nacionales que constituían la Confederación al márgen de la CTM, comandada por Fidel Velázquez.” (12).

A partir de aquí y ahora, también  a través del Congreso del Trabajo, el llamado sindicalismo oficial, en razón de su pertenencia  al PRI continúa  con el viejo corporativismo que lo ha mantenido  como incondicional  de los gobiernos en turno. Mas ahora las cosas apuntan hacia otro lado.

EL DERECHO COLECTIVO LABORAL EN NUESTRO ACTUAL  REGIMEN CONSTITUCIONAL. LA POLÍTICA Y EL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO.

En México, como en la mayoría de los países de Europa y América, el Derecho Colectivo del Trabajo es esencialmente  un derecho de clase. Base de lo anterior es parte del índice  del segundo tomo del doctor  Mario del la Cueva: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, donde enuncia: “El Derecho Colectivo del Trabajo es derecho de la clase trabajadora; el Derecho Colectivo del Trabajo, es garantía de reparto de la clase trabajadora frente al Estado; el Derecho Colectivo del Trabajo es garantía de igualdad y aún de supremacía del trabajo frente al capital; el Derecho Colectivo del Trabajo  es motor de la democracia social; el Derecho Colectivo del Trabajo es derecho de los trabajadores y de sus grupos sindicales; el Derecho Colectivo del Trabajo en evolución permanente” (13).

Asimismo, el artículo 123 constitucional, como ya lo apuntamos, consagra el derecho de libre sindicalización en la fracción XIV.

Los sindicatos surgieron a raíz de como diría Hobbes: “El hombre es el lobo del hombre”, es decir, ante la explotación, por lo menos en México por parte de los patrones hacia sus trabajadores, vino una respuesta natural de estos para unirse, y así luchar por la defensa de sus intereses en contra del patrón, quien representaba muchas veces la fuerza del capital, abriendo con esta llave maestra, las puertas de la política y lo que es peor, de la impartición de Justicia a su antojo.

Sí bien es cierto que los sindicatos representan (¡se supone!) la voluntad de los trabajadores, lo cierto es que la relación obrero-patronal se da de manera individual entre cada trabajador con su patrón.

Por desgracia, la reunión de los trabajadores para crear a través de una ficción jurídica a la persona moral del sindicato, hoy ha sido desvirtuada por intereses  políticos de sus líderes; y así nos encontramos con sindicatos y líderes multimillonarios y obreros que lo integran formando parte de las clases más necesitadas del país.

Los deseos de alcanzar el poder por el poder mismo, han venido contaminando  las instituciones  del Derecho Mexicano del Trabajo y principalmente  a los sindicatos.

Resulta también cierto, que atraves de la historia de México, los distintos  gobiernos  han sido variables en sus relaciones  hacia el sindicalismo  mexicano, y como ejemplo  tenemos la época de industrialización en México (1940-1946) en la cual creció el movimiento obrero y los Contratos Colectivos  del Trabajo se llenaron de cláusulas denominadas “conquistas obreras”. Asimismo, han existido épocas demagógicas como por ejemplo la década de los setentas,  cuando los salarios mínimos se aumentaban por “recomendaciones” desde los Pinos, más la nota característica  de nuestro  sindicalismo mexicano ha sido el servir como instrumento político del gobierno para controlar a la clase trabajadora.

LA LIBERTAD SINDICAL EN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

La OIT ha reconocido, principalmente en los Convenios números  87 y 96, la libertad  de sindicalización y también  ha sustentado ésta  con base en varias recomendaciones. Así  las cosas, el Convenio número  87, elaborado en 1948, garantiza el derecho libremente  ejercido  de los trabajadores y de los empleados, sin ninguna distinción  a organizarse para promover y defender sus intereses.

El Convenio número  98, celebrado en 1949, garantiza la protección  de los trabajadores que ejercen su derecho a organizarse; protección  de las organizaciones  de los trabajadores  contra la injerencia de los empleadores o de sus organizaciones (y viceversa); promoción de la negociación colectiva y voluntaria  con miras  a reglamentar por estos  medios las condiciones de empleo. No está por demás recordar que el convenio  número 135, adoptado   en 1971, se refiere  a la protección  de los representantes de los trabajadores  en la empresa, y las facilidades para que dicha protección sea concedida.

Sin lugar a dudas en el México de hoy, una de las expresiones  sindicales que en ocasiones ha sido más criticada es la manifestación de los trabajadores  por las calles de diversas ciudades (dentro de ellas el desfile del 1 de mayo y el movimiento  último de la Coordinadora de Maestros).

Sobre el particular  cabe aclarar que la OIT ha reconocido lo siguiente:

REUNIONES Y MANIFESTACIONES PUBLICAS

132. Los trabajadores deben poder gozar del derecho de manifestación pacifica para defender sus intereses profesionales.

(vèase 272. “Informe, caso nèmro  1510, párrafo 524.)

133.  El derecho a organizar manifestaciones  públicas es un aspecto importante  de los derechos sindicales. A este respecto, el comité ha distinguido  siempre  entre la manifestaciones con objetivos  puramente  sindicales, que considera como pertenecientes al ejercicio de la libertad sindical, y las manifestaciones con otros fines.

(vèase recopilación de  1985, párrafo 154.)

134.  El derecho de organizar reuniones públicas y desfiles para el 1 de mayo constituye un aspecto importante de los derechos sindicales.

(Vèase recopilación  de 1985, párrafo 155.)

135.  La celebración de reuniones  públicas y la presentación  de reivindicaciones de orden  social y económico constituyen manifestaciones tradicionales de la acción sindical con ocasión del 1 de mayo. Los sindicatos deberían tener el derecho de organizar libremente reuniones para  celebrar el 1 de mayo, siempre que respeten las disposiciones tomadas por las autoridades para garantizar la tranquilidad pública.

(Vèase recopilación  de 1985, párrafo 156.)

136.  Los derechos sindicales incluyen el derecho de organizar manifestaciones  públicas. Si bien, cuando se pueda temer que se produzcan desórdenes, la prohibición de manifestaciones en la vía pública en los barrios más  concurridos  de una ciudad no constituye una violación  de los derechos sindicales, las autoridades  deberían hacer  lo posible para entenderse con los organizadores  de la manifestación con objeto de permitir su celebración en otro lugar donde no se teman desórdenes.

(Vèase 241.Informe, caso número 1285, párrafo 176.)

137.  Las autoridades sólo deberían  recurrir a la fuerza pública cuando se halla realmente amenazado el orden público. La intervención de la fuerza pública debe guardar debida proporción  con la amenaza del orden público que se trata de controlar y los gobiernos deberían tomar disposiciones para que las autoridades competentes reciban instrucciones  adecuadas con el objeto  de eliminar el peligro  que implica los excesos de violencia cuando  se trata de controlar manifestaciones que pudieran entrañar alteraciones al orden público.

(Vèase 297. Informe, casos números 1527, 1541 y 1598 párrafo 168.)

SINDICATOS INDEPENDIENTES

Como ya lo apuntamos, se entiende como sindicatos independientes aquellos que no forman parte del Congreso del Trabajo y, por ende, son ajenos al PRI.

Los primeros movimientos sociales de este tipo  en los últimos 20 años se inicio el 1 de abril de 1972 cuando el abogado  poblano Juan Ortega Arenas fundó la Unidad Obrera Independiente, integrada en su mayor parte por sindicatos que fueron integrantes  de los llamados sindicatos  orgánicos y su mayor  fuerza radicaba en los  sectores “terminal” y “auxiliar” de la industria automotriz y en los trabajos de tierra de la aviación comercial.

Dentro de su programa mostró  en sus objetivos y en sus lemas unas clara influencia  del sindicalismo revolucionario, aunque en la práctica no favorece que los obreros  se politicen, manteniéndolos siempre dentro de  los marcos  de las demandas económicas. Su lema era “La emancipación de los trabajadores  es obra de los trabajadores  mismos”.

Los antecedentes del Frente  Auténtico del Trabajo (FAT) los encontramos en los círculos católicos  obreros fundados por el primer  Congreso Católico, celebrado en la ciudad de Puebla en 1903 y que se consolidan en 1913.

Función especial  desarrollaron los contingentes que se agruparon en la Unión Nacional Sinarquista fundada en León, Guanajuato el 23 de abril de 1937 hasta su decadencia como fuerza política a principios de 1947.

El FAT  se organiza siguiendo la táctica de la confederación Latinoamericana  de Sindicalismo Cristianos (1954) al crear militantes sindicales cristianos  integrados en los sindicatos existentes bajo las banderas de la revolución  anticapitalistas, antiyanqui, y de defensa  a ultranza de la Unificación Revolucionaria de Latinoamérica, sobre todo después de III Congreso celebrado en Quito en el año de 1959.

Inicialmente estaba integrado  por obreros que han salido  de la industria del calzado, mecánicos , industria refresquera  y textil y su lema inicial fue “Justicia y Democracia Sindical”.

En la última celebración del 1 de mayo (1997),  el sindicalismo oficial nuevamente lo hace a puerta cerrada, calculándose una asistencia de 15,000 personas; “celebración” en la cual fueron abucheados sus líderes tradicionales. Mientras sucedía lo anterior, cerca de 250,000 trabajadores de los llamados “Sindicalismo  Foro ante la Nación” y de la “Coordinadora de Sindicatos 1 de mayo”, toman nuevamente las calles de la ciudad, no para celebrar  el 1 de mayo, sino para protestar  principalmente en contra  de la política económica del gobierno y determinar entre ambos la formación de una nueva central obrera.

Estas fuerzas sindicales que sólo han encontrado  su medio de expresión en las concentraciones  y desfiles masivos, han venido  a poner en entredicho la efectividad  de la política laboral del gobierno, en virtud de que éste  no ha encauzado estas fuerzas sociales para que encuentren  su expresión  dentro de los marcos del derecho. Mucho se habla de una supuesta “Nueva Cultura Laboral” (a nuestro juicio ni es nueva, ni es cultura, ni mucho menos de trabajo); también se ha hablado de una eminente reforma de la LFT. Sin embargo, es de suma importancia incluir en las decisiones de trascendencia  nacional al sindicalismo independiente, y resolver primero la sucesión en el liderazgo de la CTM, ampliando los cauces legales para su expresión y permitirle realmente a los sindicatos independientes actuar dentro de nuestro régimen jurídico.

CONCLUSIONES

Tradicionalmente el sindicalismo en México ha sido de tipo corporativo y sustento del PRI, lo anterior ha traído como consecuencia, y aunque parezca mentira o broma mencionarlo, una “inmóvil  movimiento obrero”; ante de pensar en una reforma a la LFT, el gobierno debe tener la sensibilidad necesaria para encauzar a los nuevos movimientos sindicales y respetar la creación de cualquier tipo de organización que pretenda  crearse, ya que  en este momento y bajo ninguna circunstancia se puede violar este derecho de los trabajadores.

Lo anterior  podría parecer  fuera de realidad y hasta un sueño, mas, si hemos presumido de tener un sistema democrático, debemos demostrar que el mismo tiene una real efectividad en nuestro país.

No dejemos  de lado ni desconozcamos, que atreves de muchos de estos incipientes  movimientos sindicales  pueden estar intereses desestabilizadores o de grupo, principalmente relacionados con la extrema  izquierda; pero esto no debe ser pretexto para dejar de escuchar a 250.000 personas  que se pronuncian el 1 de mayo por una real democracia sindical, ya  que no hay que olvidar que el sindicalismo viejo y a ultraza está por fenecer y a nuestro juicio no hay todavía consolidad alguna central que lo pueda sustituir, con lo cual México vivirá  un estado de anarquía sindical.

El sindicalismo  mexicano de la actualidad, debe ser democrático y defender realmente  los intereses  de la clase obrera sin demagigias ni presiones ilusorias, debiendo tener la capacidad y responsabilidad necesarias para conocer hasta dónde  puede llegar en sus demandas y ser garante de justicia social y no de corruptelas de líderes enriquecidos  con las necesidades de los trabajadores.

Sí, tal vez sea una utopía, más a nuestro parecer es una situación realizable en la práctica y alcanzable democráticamente, ya que si no se le quiere ver como utopía, por lo menos debemos entenderlo como: sueño en libertad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1   OIT, Ginebra, “El empleo en el mundo. 1996/97; las políticas  nacionales en la era de la  mundializaciòn”, pp 20y 21.
2    75 años de Sindicalismo Mexicano. INEHRM, 1986, p.56.
3   Obra publicada  por la propia barra en diciembre  de 1996.
4   Estado de Derecho, Barra Mexicana de Abogados. Conferencia denominada  Estado de Derecho y División  de Poderes en el Congreso Mencionado.
5   Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México, 13ª.de.,Porrùa, México, p758.
6   Moreno, Daniel, Los Partidos Políticos del México Contemporáneo, 6ª,de., B. Costa-Amic, México.
7  Op. Cit., o121.
8  Op. Cit., p.127.
9  De la Peña, Ricardo; Aguirre Vizzuett, Javier, El partido de la revolución. Cepes, México, 1984.
10  Furtak, Robert K., El partido de la Revolución y la estabilidad política  en México, Serie Estudios 35, 2ª de. Actualizada, FCPS;UNAM; México, 1978.
11  Sobre el desarrollo de las organizaciones campesinas  Cfr.: Claris Hardy, El estado y los campesinos, La Confederación Nacional Campesina (CNC), CEESTEM, Nueva Imagen, México, 1984.
12  González Casanova, Pablo, El estado… op. Cit.
13  Op. Cit., Porrùa, 1981, pp. 218-134.
 
 
 

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