COMUNICACIÓN PÚBLICA SOBRE

ASUNTOS RELATIVOS A LA LEGISLACIÓN LABORAL CANADIENSE

 

PRESENTADA A LA OFICINA ADMINISTRATIVA NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS

 

según el

ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL DE AMÉRICA DEL NORTE (ACLAN)

 

 

VIOLACIONES A LOS PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES LABORALES DEL ACLAN

EN EL CASO DE LOS CARTEROS RURALES CANADIENSES

 

 

DEMANDANTES:

Organization of Rural Route Mail Couriers

Canadian Union of Postal Workers

National Association of Letter Carriers, AFL-CIO

Canadian Labour Congress

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Communications, Energy and Paper Workers Union of Canada (CEP)

Communications International

American Postal Workers Union

National Postal Mail Handlers Union

National Rural Letter Carriers Association

Communications Workers of America

Sindicato Nacional de Trajabadores del Servicio Postal Mexicano

Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana

Teamsters Canada

United Steelworkers of America

International Brotherhood of Teamsters

Asociación Nacional de Abogados Democráticos

Canadian Association of Labour Lawyers

Common Frontiers

Réseau québécois sur l'intégration continentale

International Labor Rights Education and Research Fund

 

 

I. INTRODUCCIÓN

 

Esta presentación aborda algunos problemas relativos a la libertad de asociación y al derecho de negociar colectivamente en el caso de los carteros rurales empleados por la Empresa de Correos de Canadá.

 

En 1981, el gobierno canadiense promulgó la Ley sobre la Empresa de Correos de Canadá, que crea la Empresa de Correos de Canadá como una entidad de propiedad del Estado. La ley incluye una disposición que impide el derecho de negociación colectiva a los carteros rurales, en circunstancias que los carteros urbanos han sido tradicionalmente sindicalizados y poseen este derecho.

 

En dos ocasiones se ha impugnado legalmente, pero sin éxito, este artículo. La primera vez en base al Código del Trabajo de Canadá y la segunda vez en base a la Carta de Derechos y Libertades de Canadá que forma parte integrante de la Constitución de Canadá.

 

Los demandantes afirman que, al oponerse a la derogación de esta disposición, Canadá viola la obligación contraída bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) de promover de la manera más amplia posible los principios laborales mencionados en el anexo 1, es decir, la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la prevención y la compensación de las lesiones y de las enfermedades ocupacionales y la eliminación de la discriminación en el empleo.

 

Esta presentación aborda igualmente las obligaciones de Canadá en el marco de los convenios de la OIT.

 

 

II. LOS PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES LABORALES DEL ACLAN EN MATERIA DE CONSULTAS PARA LA COOPERACIÓN

 

A. Principios laborales abordados en esta presentación :

 

  • Libertad de asociación y protección del derecho a la sindicalización
  • Derecho de negociación colectiva
  • Eliminación de la discriminación en el empleo
  • Prevención de las lesiones y enfermedades ocupacionales
  • Compensación en los casos de lesiones y enfermedades ocupacionales.

 

 

B. Obligaciones de Canadá mencionadas en esta presentación :

 

  • La obligación de promover al máximo los principios laborales establecidos en el Anexo 1 (artículo 1 del ACLAN)
  • La obligación de promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo y los niveles de vida en el territorio de Canadá (artículo 1 a) del ACLAN)
  • La obligación de garantizar en las leyes y reglamentos laborales altas normas laborales (artículo 2 del ACLAN)
  • La obligación de continuar realizando esfuerzos por mejorar estas normas (artículo 2 del ACLAN)
  • La obligación de promover la observancia y la aplicación efectiva de las normas laborales (artículo 3 del ACLAN)

 

 

III. DECLARACIÓN DE JURISDICCIÓN Y AUTORIDAD EN MATERIA DE CONSULTAS PARA LA COOPERACIÓN

 

La Oficina Administrativa Nacional (OAN) de Estados Unidos tiene jurisdicción para tratar esta presentación en conformidad con el artículo 16(3) del ACLAN que autoriza a cada una de las Oficinas Administrativas Nacionales (OAN) para examinar las comunicaciones públicas en asuntos de legislación laboral que se presentan en el territorio de otro país miembro, de acuerdo con los procedimientos internos.

 

La OAN de Estados Unidos posee la facultad, según el artículo 21, de solicitar consultas con la OAN de Canadá con respecto a la legislación laboral, su administración o las condiciones del mercado laboral en Canadá.

 

Según el artículo 22, el Secretario del Trabajo estadounidense puede solicitar consultas con el Ministro del Trabajo de Canadá relativas a cualquier asunto en el ámbito del ACLAN. Las materias de que trata esta presentación se sitúan dentro del marco del Acuerdo.

 

 

IV. ANTECEDENTES

 

A. Artículo 13 (5) de la Ley sobre la Empresa de Correos de Canadá : negación del derecho de asociación necesario para la negociación colectiva

 

La Empresa de Correos de Canadá emplea un poco más de 5000 personas en todo Canadá para distribuír el correo en las áreas rurales. Estos trabajadores, que forman cerca del 10% de la fuerza de trabajo de la Empresa, no gozan de las mismas condiciones de trabajo que sus colegas que distribuyen el correo en las zonas urbanas. Apenas ganan el salario mínimo y no tienen ventajas sociales. Los carteros rurales están obligados a competir entre ellos y con otros en un proceso de concurso o licitación, ya que la Empresa ofrece el trabajo disponible a las personas que están dispuestas a aceptar los salarios más bajos.

 

A los carteros rurales se les niega el derecho fundamental de formar un sindicato a fin de negociar un convenio colectivo. En consecuencia, se les niega también el derecho de obtener condiciones de trabajo razonables y decentes y alcanzar el mismo nivel de protección que sus colegas que trabajan en los sectores urbanos.

 

El Parlamento de Canadá aprobó una legislación específica en 1981 que niega el derecho de negociación colectiva a los carteros rurales exclusivamente por razones financieras. Desde entonces se ha opuesto a la derogación de este artículo.

 

Cuando la Ley sobre la Empresa de Correos de Canadá1 (a la cual nos referimos como la Ley) fué adoptada en 1981, el Ministro de Correos y Telecomunicaciones , André Ouellet, insistió en incluir lo que es ahora el artículo 13 (5) de la Ley :

 

"No obstante cualquiera disposición de la Parte Primera del Código del Trabajo de Canadá, para los fines de la aplicación de esta Parte a la Empresa y a los dirigentes y empleados de la Empresa, se presume que un contratista de correos no es un contratista dependiente o un empleado según el significado de estos términos previsto en el artículo 3(1) de esta Ley"

 

La Parte Primera del Código del Trabajo de Canadá2, cuyo título es Relaciones Industriales, trata de la adquisición del derecho de negociar a través del procedimiento de sindicalización y reglamenta el proceso de negociación colectiva, así como el convenio colectivo suscrito por el empleador y por el sindicato reconocido. La Parte Primera se aplica a los empleados de los empleadores federales tal como establecido en el artículo 3(1) :

 

"empleado" significa toda persona que trabaja para un empleador e incluye un contratista dependiente y un agente privado, pero no incluye una persona que ejecuta funciones de dirección o está empleado para realizar funciones confidenciales en asuntos relacionados con las relaciones industriales ;

"contratista dependiente" significa

a) el propietario, comprador o arrendador de un vehículo utilizado para transportar -que no sea por ferrocarril o camión - ganado, líquidos, bienes, mercancías u otros materiales, quien es parte de un contrato, oral o escrito, bajo cuyos términos

(i) se le pide proporcionar el vehículo con el cual ejecuta el contrato y opera el vehículo según las exigencias del contrato, y

(ii) se le autoriza retener para su uso propio cada cierto tiempo una suma de dinero que le queda después de haber deducido el costo de la ejecución del contrato del monto que se le ha pagado, de acuerdo con el contrato, por esta ejecución.

b) el pescador que (....)

c) toda otra persona que, sea o no empleada bajo un contrato de empleo, ejecuta un trabajo o servicios para otra persona, en términos y condiciones tales que se encuentra en una posición de dependencia económica y bajo la obligación de ejecutar tareas para esa persona ; "

 

Al adoptar el artículo 13(5) de la Ley, el Parlamento negó a los carteros rurales el derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente, así como la protección otorgada en el Código del Trabajo de Canadá a los trabajadores que desean asociarse con el fin de concluir un convenio colectivo con su empleador.

 

Cuando se adoptó esta disposición, las razones alegadas por el Ministro de Correos y Telecomunicaciones fueron puramente de orden financiero. Las explicaciones dadas por el Sr. Ouellet ante el Comité Permanente de Presupuestos Varios de la Cámara de los Comunes, en diciembre de 1980, son las siguientes :

 

"Existen numerosas razones. Una de las más importantes obviamente es la de excluir del Código del Trabajo de Canadá el proyecto de Ley que se propone sobre la Empresa de Correos de Canadá, ya que sin esta exclusión, creemos que el sistema de licitaciones que existe actualmente sería destruído. Los contratos de servicios postales por tierra que tenemos actualmente están evaluados en alrededor de $ 90 millones. Si nosotros lleváramos esto al extremo - y no quiero exagerar el cálculo - la posibilidad sería que los costos aumentarían el doble o aún el triple. En tercer lugar, los contratistas que actún como carteros rurales representan un costo de casi 69% de todos los servicios postales por tierra contratados. Aproximadamente 60% de ese trabajo implica menos de cuatro horas por día, de ahí que, si nosotros tenemos esa gente presionando por sindicalizarse, el paso siguiente sería que el sindicato presione por igualarse a las condiciones de trabajo y de empleo a tiempo completo, con el efecto obvio en términos de la escalada de costos, que se triplicarían. Estas son sólo algunas de las razones por las que pienso que sería muy arriesgado en este momento modificar esta disposición. Yo preferiría que Uds. aprueben la modificación que yo sugiero, en lugar de aprobar la modificación del Sr. Orlikow".

 

 

A los carteros rurales se les ha negado el derecho fundamental de asociación para poder negociar un convenio colectivo, sólo por razones financieras, privándolos así de mejorar sus condiciones de trabajo y manteniéndolos en una situación económica inferior. De acuerdo a lo expresado por el Sr. Ouellet, la disposición fué adoptada para permitir a la Empresa de Correos de Canadá pagar a sus trabajadores a la mitad de su valor y más aún a la tercera parte de lo que serían pagados en condiciones negociadas.

 

 

B. Condiciones de trabajo de los carteros rurales

 

Los carteros rurales realizan el mismo trabajo que sus colegas carteros que están sindicalizados. Los dos grupos de carteros que trabajan lado a lado en los establecimientos sacando el correo, distribuyendo las cartas, paquetes, correo expreso, correo prioritario, cartas certificadas, artículos registrados, artículos que requieren una prueba de entrega y recogen el correo. Los dos grupos hacen su trabajo bajo un control administrativo importante de parte de la Empresa.

 

El Consejo de Relaciones de Trabajo de Canadá reconoció las semejanzas de estas funciones en su decisión de abril de 1987 en los siguientes términos :

 

"...estamos igualmente satisfechos que cuando se examinan las funciones de los mensajeros y de los carteros rurales y, en algunos casos de los administradores de los correos rurales, las semejanzas de sus funciones pesan mucho más que sus diferencias. Todos ellos están implicados en la clasificación,entrega y colección del correo. Todos ellos se implican en los contactos con los clientes, en los casos de envíos especiales, entregas por cobrar, etc. Los mensajeros hacen el mismo trabajo que los que entregan la correspondencia caminando o, en otros casos, utilizando un vehículo. Los carteros realizan algo muy semejante. Así como los carteros van a buscar el correo, también lo hacen los mensajeros. Estos hacen lo mismo que los carteros que distribuyen volantes y correo que se envía a la basura. Así como los carteros deben clasificar la correpondencia dentro de un marco de tiempo prescrito a fin de respetar el horario de distribución fijado por la Empresa, también lo hacen así los mensajeros. Así como los carteros deben retornar la correspondencia recogida a una central o a una oficina de correos al interior de un marco de tiempo para su envío, los mensajeros deben hacer lo mismo. Finalmente, todos siguen las mismas reglas y reglamentos de la Empresa que tratan de la clasificación, recolección, distribución y manejo de la correspondencia." (página 193)

 

 

Aún cuando ambos grupos realizan el mismo trabajo, los carteros rurales y los carteros urbanos, empleados por la Empresa, no tienen las mismas condiciones de trabajo. Los carteros urbanos tienen la seguridad en el empleo, acceso al procedimiento de arbitraje de sus quejas, acceso a los comités y a la formación en materia de higiene y seguridad, ventajas sociales y permisos de ausencia en caso de enfermedad, feriados y vacaciones pagadas, beneficios de maternidad, planes médicos y dentales y salarios más elevados.

 

Los carteros rurales no poseen ninguna ventaja social. Sus contratos preveen un monto anual que se paga sobre una base mensual. Ellos trabajan en sus propios vehículos y deben asumir todos los gastos relativos al pago de placas, seguros, impuestos, bencina y al mantenimiento del vehículo. El contrato tipo es por 250 días de operación por año. Si los carteros desean tomar algún tiempo de vacaciones, deben encontrar y preparar a sus propios costos otros trabajadores que los reemplacen y la seleción del trabajador reemplazante debe ser aprobada por la Empresa. Nunca se paga sobretiempo a los carteros rurales, aunque el mal tiempo y el recargo de trabajo diario los obligue a trabajar horas extras.

 

Los carteros urbanos gozan de la seguridad de empleo que no tienen los carteros rurales. Los contratos de estos últimos son de cinco años, pero la Empresa puede poner término a la relación de trabajo unilateralmente con un preaviso de 90 días. La vasta mayoría de los carteros rurales ahora trabajan a tiempo completo y no tienen ninguna otra fuente de ingreso. Las exigencias de tiempo de la Empresa no permiten el ejercicio de otro empleo regular importante.

 

Hasta 1987, la práctica era que cuando una persona ganaba la licitación y entraba a trabajar para la Empresa, al término del plazo de cinco años, el contrato era renovado automáticamente sin otro llamado a concurso, según los términos fijados por la Empresa. A partir de 1987, todas las rutas se abrieron a licitación para el que hiciera la propuesta más baja. La consecuencia de esta competición significa obviamente ingresos más bajos para los carteros rurales y algunas veces la pérdida del contrato en provecho de otro licitador que a menudo abandonará la ruta porque no puede hacer frente a los gastos de operación.

 

 

C. Recursos disponibles para los carteros rurales

 

a) acceso al procedimiento de sindicalización

 

A mediados de 1980, el Consejo de Relaciones de Trabajo de Canadá (CRTC), a la demanda de la Empresa de Correos de Canadá, examinó las unidades de negociación existentes en esta Empresa. Todos los sindicatos participaron en las audiencias y los carteros rurales pidieron al CRTC que interviniera para que fueran considerados en la revisión hecha por el Consejo. La Empresa de Correos se opuso a la petición de estos carteros apoyándose en el artículo 13 (5) de la Ley para sostener su posición que estos trabajadores no podían acogerse a las disposiciones del Código del Trabajo de Canadá y, por lo tanto, no podían ser incluídos en ninguna de las unidades de negociación que el CRTC debía establecer en el curso del procedimiento de revisión.

 

El Consejo escuchó las pruebas con respecto a las condiciones de trabajo de los carteros rurales y sobre la naturaleza específica de sus relaciones con la Empresa de Correos de Canadá a fin de determinar si podrían ser considerados como contratistas dependientes y, en consecuencia, incluídos en la definición de "empleado" según el Código del Trabajo de Canadá.

 

En su decisión3 el Consejo determinó que los carteros rurales eran empleados según la definición del Código. Sostuvo que éstos se encontraban en una situación de total dependencia económica con respecto a la Empresa, que su trabajo constituía, en casi todos los casos, su único trabajo y que ellos no podían tener otro empleo. El CRTC determinó que los carteros rurales estaban perfectamente integrados a las operaciones de la Empresa y que su trabajo estaba totalmente controlado por los dirigentes de la Empresa.

 

Como resultado de ello, el Consejo decidió que los carteros rurales eran empleados que deberían normalmente estar cubiertos por las disposiciones del Código del Trabajo de Canadá. Además, examinó la interpretación que se debe dar al artículo 13 (5) de la Ley de la Empresa de Correos de Canadá y llegó a la conclusión que esta exclusión no debería aplicarse a los carteros rurales.

 

La Empresa presentó una demanda de revisión de la decisión del CRTC ante la Corte Federal de Apelaciones. La Corte anuló la decisión del Consejo afirmando que el artículo 13(5) de la Ley se aplicaba a los carteros rurales ya que ésta era la intención del Parlamento cuando este artículo fué adoptado4. La Corte Federal de Apelaciones reconoció que sin el artículo 13(5), los empleados afectados estarían protegidos por los derechos mencionados en el Código del Trabajo de Canadá. La Corte hizo presente que el artículo 13(5) era una ficción legal destinada a anular esta realidad y que el propósito de esta disposición era impedir que estos trabajadores tuvieran el derecho a la negociación colectiva.

 

La demanda de autorización del sindicato para apelar ante la Corte Suprema de Canadá fué rechazada el 26 de mayo de 1988.

 

Según la decisión de la Corte Federal de Apelaciones, el CRTC no tenía jurisdicción para examinar los procedimientos de sindicalización de los carteros rurales. En consecuencia, el único recurso que les quedaba era cuestionar la constitucionalidad del artículo 13(5) de la Ley.

 

 

b) discriminación

 

Los Carteros Rurales de Canadá, local 1801, presentaron una demanda ante la Corte Federal de Canadá por la cual los demandantes solicitaban que se estableciera que el artículo 13(5) era contrario al artículo 15(1) de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá5. La Corte determinó que el artículo 13(5) de la Ley no discriminaba contra los carteros rurales bajo ninguno de los puntos enumerados en el artículo 15(1) de la Carta6.

 

 

c) libertad de asociación

 

Articulo 2 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades protege la libertad de asociación :

 

" Toda persona posee los siguientes derechos fundamentales :

[É]

(d) libertad de asociación"

 

Si una disposición legal restringe el derecho de asociación es inconstitucional a menos que se pueda demostrar que la medida es justificada en una sociedad libre y democrática.

 

Sin embargo, la Corte Suprema de Canadá7 ha determinado que la libertad de asociación prevista en la Carta no se extiende a la negociación colectiva. En este juicio específico la Corte decidió que la legislación que creó el sindicato de servicios públicos y que negó a todo otro sindicato el derecho de negociar colectivamente con el empleador no constituía una infracción a la ley. Los empleados no habían perdido su derecho de formar otro sindicato, no obstante que la legislación impedía a tal sindicato iniciar la negociación colectiva. Según la Corte, el derecho de los individuos de formar una asociación no garantiza a la asociación la facultad de llevar a cabo sus fines esenciales ni una actividad que constituye su objetivo esencial o de base.

 

 

D. Protección y compensación de la higiene y seguridad en los casos de lesiones y enfermedades ocupacionales.

 

 

La Parte II del Código del Trabajo de Canadá trata de las cuestiones de higiene y seguridad ocupacionales y pone el énfasis especialmente en la prevención de los riesgos de seguridad. Sin embargo, estas disposiciones se aplican solamente a los empleados, un término que no está definido en este capítulo de manera que incluya a los contratistas dependientes. Por lo tanto,debido a la naturaleza de la relación de empleo entre los carteros rurales y la Empresa de Correos de Canadá, se debe concluir que los carteros rurales no benefician de la protección en materia de higiene y seguridad prevista en el Código.

 

En consecuencia, los carteros rurales no gozan de los mismos programas de higiene y seguridad que los carteros urbanos con los cuales trabajan uno junto al otro, en los mismos locales del empleador. Tampoco están representados en ningún comité de higiene y seguridad. No pueden rechazar un trabajo, aún cuando la situación o las condiciones de trabajo constituyan un peligro para ellos o para los otros trabajadores. La Empresa de Correos de Canadá no tiene ninguna obligación específica de asegurar a los carteros rurales la seguridad y la higiene en el trabajo.

 

Con respecto a la compensación por lesiones o enfermedades, los empleados de la Empresa de Correos de Canadá están considerados como empleados del gobierno y como tales están regidos por la Ley de Compensación de los Empleados del Gobierno, la cual no extiende su protección a los contratistas dependientes.

 

Por cierto que el Parlamento federal posee jurisdicción exclusiva para legislar en lo referente al empleo y en todo lo relacionado con las condiciones de los que trabajan al servicio de la Corona Federal o que trabajan para agencias de la Corona Federal8. Así el Parlamento posee jurisdicción legislativa exclusiva con respecto a la compensación de los accidentes del trabajo en el caso de los empleados del Gobierno Federal, incluyendo a los empleados de la Empresa de Correos de Canadá.

 

El Parlamento ha decidido ejercer su facultad legislativa exclusiva sobre los empleados del Gobierno Federal incorporando como referencia9 la compensación por accidentes del trabajo en vigencia en cada provincia para aplicarla a los empleados del Gobierno Federal que trabajan en esa provincia. La legislación provincial puede ser aplicada a los empleados del Gobierno Federal ya que el artículo 4 de la Ley sobre la Compensación de los Empleados del Gobierno especifica que los empleados federales tienen derecho de ser compensados a la misma tasa y bajo las mismas condiciones previstas en la ley provincial. Por lo tanto, la definición pertinente de empleado es la que se encuentra en la Ley Federal. Desgraciadamente, ella está limitada al concepto tradicional de empleado y no incluye los contratistas dependientes.

 

En consecuencia, los carteros rurales empleados por la Empresa de Correos de Canadá que no están incluídos en el significado de la palabra empleado no gozan de compensación ni de otros beneficios relativos a los accidentes industriales y a las enfermedades ocupacionales.

 

En este contexto, es interesante notar que algunas provincias han adoptado legislaciones que se aplican a los contratistas dependientes. Por ejemplo, la Ley de Quebec se aplica a los contratistas dependientes que satisfacen a ciertos criterios10 Si la Ley de Quebec extiende su protección a trabajadores como los carteros rurales, ¿ por qué la legislación federal no debería hacer lo mismo ?

 

 

V. INFRACCIONES A LOS PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES DEL ACLAN

 

A. Libertad de asociación

 

La cuestión planteada en el presente caso con respecto a la libertad de asociación o al derecho de organizarse es sustancialmente la misma que se presentó ante la Corte Suprema de Canadá en la causa P.I.P.S.C. v. N.W.T. (ya citada) : ¿la protección de la libertad de asociación incluye la garantía de conseguir los objetivos esenciales de la asociación ?

 

La Corte Suprema de Canadá ha decidido que en el contexto de la protección proporcionada por la Constitución canadiense, esta garantía no está incluída. Sin embargo, en el ámbito del ACLAN, los demandantes alegan que esta situación debe tratarse de manera diferente.

 

En el contexto de la legislación laboral y considerando los principios mencionados en el ACLAN, no se puede sostener que el derecho de asociación debe ser formulado como un derecho de los individuos que no incluye el derecho del sindicato de trabajadores de acceder a los procedimientos de reconocimiento legal. Ello ignoraría un aspecto importante como es el objetivo de la protección del ejercicio del derecho de asociación, tal como previsto en el ACLAN.

 

El propósito del derecho de asociación en el contexto laboral es obviamente obtener el objetivo de la negociación colectiva a fin de mejorar los términos y las condiciones de trabajo. Aún más, éste es uno de los objetivos declarados del ACLAN : mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en el territorio de cada Parte (artículo 1). Se puede deducir de este aspecto colectivo del derecho de asociación que la organización misma tiene derechos que nacen del ejercicio del derecho de asociación por los individuos que la forman y que adhieren a ella. El ejercicio de este derecho requiere en alguna medida que ciertas actividades concertadas sean permitidas y protegidas, ya que de otra manera un tal ejercicio no cumpliría su objetivo.

 

En la causa P.I.P.S.C. v. N.W.T. (ya citada) el juez Cory se expresó de manera disidente. El siguiente párrafo es pertinente a la discusión actual :

 

"Supongamos que los empleados individuales forman una asociación, un equipo, para jugar hockey o béisbol. El Gobierno, por intermedio del Comisario, podría decir que sólo a aquellos equipos aprobados según la discreción del Gobierno se les permite jugar béisbol o jockey, o aún más, tratar de reservar una hora o una cancha. El gobierno permitiría graciosamente a los miembros del equipo que se encuentren cuándo y dónde quieran y que en el curso del encuentro puedan discutir sobre el tiempo o los programas de televisión. Pero no podrían jugar béisbol o jockey. En esas circunstancias, el derecho de los empleados de asociarse para el objetivo legal de jugar béisbol o jockey se vería frustrado. ¿Cuánto más importante es el derecho de formar una asociación con el propósito de negociar colectivamente ? (...)

Por lo tanto, yo no puedo aceptar la afirmación de mis colegas en el sentido que "el art. 42(1) no produce efecto en la existencia del instituto (pag. 405) y que el sindicato existe en la medida en que los individuos puedan reunirse en una sala de la municipalidad y discutir de sus problemas. El supuesto equipo en el ejemplo dado no existe, ya que las personas podrían reunirse pero no jugar hockey o béisbol. De manera semejante, un sindicato puede sólo existir si se le permite negociar colectivamente. Esta es la razón de ser del sindicato. Para que pueda cumplir su función de negociación deber ser reconocido en conformidad con las disposiciones de la legislación laboral pertinente. Sin embargo, una tal asociación o sindicato no "existe" en la Ley de los Territorios del Noroeste hasta que no sea incorporada como una "asociación de empleados". (...)

Decir que la asociación existe independientemente de ser incorporada según la legislación, sería dejar sin ningún sentido el derecho otorgado en el artículo 2 (d) de la Carta (...)

Una vez que el Gobierno ha promulgado una definición reglamentaria de un grupo, como entidad legal, entonces cualquier individuo debería ser capaz de obtener el reconocimiento de su grupo como entidad, o cambiar el grupo existente para tener la facultad de ejercer los derechos otorgados por la ley.

(páginas 382-384)

 

En el presente caso, se les niega a los carteros rurales el derecho de asociación para los fines de la negociación colectiva. Esta actividad no es una actividad más del sindicato ; es su razón de ser. La mayor parte de las otras actividades realizadas por el sindicato resultan de este objetivo central.

 

Por lo tanto, los demandantes sostienen que cuando Canadá niega a un grupo de trabajadores el derecho de formar un sindicato para los fines de negociación colectiva, está negando a cada miembro del grupo la libertad de asociación tal como establecida en el ACLAN.

 

El artículo 13(5) de la Ley constituye una infracción a la obligación de promover al máximo el principio laboral de libertad de asociación (artículo 1 del ACLAN).

 

La negación a un grupo de trabajadores del derecho fundamental de asociación por una razón que no corresponde al interés público y que no es necesaria en una sociedad democrática va ciertamente contra la promoción de este principio básico de la legislación laboral.

 

Estando obligadas a proteger la libertad de asociación, las autoridades gubernamentales tienen el deber de crear un ambiente que favorezca el ejercicio de este derecho. Podemos preguntarnos cómo el Gobierno puede promover la libertad de asociación en las relaciones de trabajo del sector privado y al mismo tiempo no promover este principio en su propio campo.

 

 

B. El derecho de negociar colectivamente

 

 

El resultado y la intención del artículo 13(5) de la Ley es negar a los carteros rurales la posibilidad de negociar colectivamente sus términos y condiciones de empleo. Esto constituye una violación flagrante del compromiso de Canadá de promover el principio rector del derecho a la negociación colectiva que se encuentra en el Anexo 1 del ACLAN.

 

El artículo 13(5) y las razones por las cuales fué promulgado, constituyen igualmente una violación de la obligación de asegurarse que las leyes y reglamentos laborales garanticen normas laborales elevadas y de la obligación de intensificar los esfuerzos para mejorar estas normas (art. 2 del ACLAN), así como de la obligación de promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de los niveles de vida en el territorio de Canadá (art. 1 del ACLAN).

 

Hemos visto que la única razón para negar a los carteros rurales el derecho de negociar colectivamente es mantener bajos los costos de la Empresa de Correos de Canadá. Las autoridades canadienses no parecen preocuparse por el resultado que es el de mantener malas condiciones de trabajo y bajos niveles de vida para los carteros rurales. Al negar a estos trabajadores el derecho de negociar colectivamente y al utilizar un procedimiento inadecuado en el cual deben competir entre ellos y con terceros, Canadá impide que los carteros rurales gocen de altas normas laborales. Tampoco ellos podrán mejorar sus niveles mediante la negociación de las condiciones de empleo con la Empresa de Correos de Canadá, de manera que se asemejen a las condiciones de trabajo de sus colegas de las áreas urbanas.

 

 

C. Eliminación de la discriminación en el empleo

 

 

Canadá tiene la obligación, según el ACLAN, de promover la eliminación de la discriminación en el empleo por causa de raza, religión, edad, sexo u otros conceptos, con la salvedad de ciertas excepciones razonables, tales como, las exigencias para el empleo, las prácticas establecidas o reglas que rijan las edades de retiro que se establezcan de buena fé y las medidas especiales de protección o de apoyo a grupos particulares, diseñadas para contrarrestar los efectos de la discriminación (ver principio laboral Nº 7 del ACLAN).

 

En el presente caso, el artículo 13(5) de la Ley niega numerosos derechos y medidas de protección contenidos en el Código del Trabajo de Canadá a un grupo de trabajadores sobre la base de su ocupación y/o su lugar de trabajo. Estos motivos de discriminación no son ni excepciones razonables ni exigencias ocupacionales de buena fé que justifiquen la violación de este principio fundamental de eliminación de la discriminación en el empleo.

 

Hemos visto que las autoridades del Gobierno canadiense no han dado ninguna razón que pudiera explicar o justificar esta discriminación.

 

 

D. Obligaciones de Canadá según los convenios de la OIT

 

De los seis convenios de la OIT que rigen la libertad de asociación y la negociación colectiva, Canadá ha ratificado solamente el Convenio 87 de 1948 sobre la libertad de asociación y la protección del derecho de sindicalizarse, pero no ha ratificado el Convenio 98 sobre el derecho de negociación colectiva (ratificado por 138 países), el Convenio 135 sobre los representantes de los trabajadores, el Convenio 141 sobre los trabajadores rurales y el Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en los servicios públicos así como el Convenio 154 sobre la promoción de la negociación colectiva.

 

Podríamos con razón esperar que un país como Canadá, que se comprometió mediante el ACLAN a promover el principio de libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva, así como a hacer esfuerzos por mejorar las normas del trabajo, hubiera ratificado, al menos, los seis convenios de la OIT sobre los derechos de asociación y de negociación.

 

De todas maneras, Canadá debe conformarse a estos convenios ya que todos los Estados miembros deben respetar la libertad de asociación y los principios de la negociación colectiva incluídos en la Constitución de la OIT.

 

Los informes del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que examina las quejas sometidas contra los Estados miembros alegando infracciones a los principios de la OIT, ofrecen una excelente fuente de derecho internacional que puede ser usada para interpretar el alcance de los principios que Canadá se ha obligado a promover en el ACLAN.

 

El artículo 2 del Convenio 87, que fue ratificado por Canadá, estipula que :

 

"Los trabajadores y los empleadores, sin distinción alguna, tendrán el derecho de crear y, sujetos solamente a las reglas de la organización en cuestión, de adherir a las organizaciones de su elección, sin autorización previa".

 

El artículo 11 define el término "organización" como una organización de trabajadores o de empleadores para hacer avanzar o defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores.

 

El artículo 7 establece que :

 

"La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, federaciones y confederaciones, no estará restringida por las condiciones de aplicación de los artículos 2,3 y 4".

 

Como principio general, el Comité de Libertad Sindical ha establecido que el artículo 2 del Convenio 87 intenta articular el principio de no discriminación en los asuntos sindicales. También ha sostenido que las palabras "sin distinción alguna", empleadas en esta disposición, significan que la libertad de asociación debe ser garantizada sin discriminación de ninguna clase por motivos de empleo, sexo, color, raza, creencias, nacionalidad, opinión política, etc., no sólo respecto de los trabjaadores del sector privado, sino igualmente en el caso de los funcionarios públicos y empleados de los servicios públicos en general11.

 

En relación con la negociación colectiva, el Comité de Libertad Sindical ha determinado que el derecho a negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo, constituye un elemento principal de la libertad de asociación. Por lo tanto, los sindicatos deberían tener el derecho, a través de la negociación colectiva o por otros medios legales, de tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas que ellos representan. Las autoridades públicas deberían evitar interferencias que podrían restringir este derecho o impedir su ejercicio según la ley. Toda interferencia aparecería como infringiendo el principio que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de organizar sus propias actividades y formular sus programas12 .

 

Asimismo, el Comité de Libertad Sindical cree que deberían tomarse medidas para estimular y promover el desarrollo y el empleo de mecanismos de negociación voluntaria entre las organizaciones de trabajadores y empleadores, con el fin de reglamentar los términos y las condiciones de empleo mediante los contratos colectivos.

 

Es obvio que Canadá no respeta las obligaciones estipuladas en los Convenios de la OIT, y en particular, en el Convenio 87 sobre la libertad de asociación, que ha ratificado.

 

 

E. Prevención y compensación de las lesiones y enfermedades ocupacionales

 

Se espera que Canadá, de acuerdo al ACLAN, promueva al máximo la prevención de las lesiones y enfermedades ocupacionales. Se espera igualmente que continúe haciendo esfuerzos por mejorar las normas laborales, incluyendo la compensación por las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Canadá no ha cumplido su deber en el caso de los carteros rurales.

 

Cualquier otro contratista dependiente tiene la posibilidad de obtener protecciones en materia de higiene y seguridad mediante el proceso de negociación colectiva en el marco de la ley federal. En realidad, cualquier otro contratista dependiente tiene acceso a la negociación colectiva según el Código del Trabajo de Canadá. Las medidas de prevención o de representación en un comité de higiene y seguridad pueden ser implementadas en un convenio colectivo. A este respecto, cabe señalar que los trabajadores postales al empleo de la Empresa de Correos de Canadá que están representados por el Sindicato Canadiense de Trabajadores de Correos benefician de amplias protecciones negociadas.

 

Por lo tanto, la privación a los carteros rurales del derecho de organizarse y de negociar colectivamente tiene el efecto de negarles toda posibilidad de lograr protección en materia de accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales.

 

Aún más, dado que el Parlamento Federal ha determinado no extender la compensación en los casos de lesiones ocupacionales a los contratistas dependientes, los carteros rurales sufren desventajas considerables en comparación con sus colegas sindicalizados. No sólo la Empresa puede no cumplir la obligación relativa a la prevención de los accidentes y enfermedades, sino que si tales accidentes o enfermedades ocupacionales ocurren, los trabajadores no son compensados.

 

Esta situación está en total contradicción con los principios previstos en el ACLAN.

 

 

VI. ACCIONES SOLICITADAS

 

Los demandantes piden a la Oficina Administrativa Nacional de Estados Unidos que emprenda un examen de la legislación laboral pertinente de Canadá, tal como descrita en esta comunicación pública. En este sentido, los demandants piden que la Oficina Administrativa de EEUU sostenga una audiencia pública donde el caso pueda ser presentado con más amplios detalles y con testimonios directos de los carteros rurales. La Oficina Administrativa Nacional de Canadá y los representantes de la Empresa de Correos de Canadá implicados en este caso, así como los representantes del Gobierno Canadiense deberían participar en tales audiencias.

 

Los demandantes solicitan que la OAN de EEUU solicite consultas para la cooperación con la OAN de Canadá en el marco del artículo 21 del ACLAN respecto a las materias descritas en esta presentación pública, de manera que las Oficinas Administrativas Nacionales puedan comprender y responder mejor a las cuestiones planteadas.

 

Los demandantes solicitan que se efectúen Consultas Ministeriales de acuerdo al artículo 22 del ACLAN, con el fin de resolver los temas planteados en esta presentación pública, incluyendo el intercambio de información, para permitir el examen exhaustivo del asunto.

 

Los demandantes piden que la Oficina de EEUU exija al Gobierno Canadiense que derogue el artículo 13(5) de la Ley de la Empresa de Correos de Canadá con el objeto de permitir la plena vigencia del derecho de asociación y de negociación colectiva a los carteros rurales empleados por la Empresa de Correos de Canadá.

 

Los demandantes solicitan que el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral elabore un informe en conformidad al artículo 14(2) del ACLAN sobre los temas siguientes :

- el alcance del principio de libertad de asociación y los derechos que las organizaciones de trabajadores deben tener para otorgar plena vigencia y efecto a este principio ;

 

- las limitaciones razonables que pueden ser introducidas a la libertad de asociación y al derecho de negociación colectiva en una sociedad libre y democrática, a la luz del derecho internacional del trabajo y de los informes o recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);

 

- el principio de eliminación de la discriminación basada en el empleo y la negación de los derechos y proteciones otorgados por la legislación laboral de aplicación general ;

 

- la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo de los carteros rurales ;

 

- las condiciones de trabajo y los niveles de vida de los trabajadores del correo rural al empleo de la Empresa de Correos de Canadá, en comparación con las condiciones y niveles de los empleados en un trabajo similar.